Patrimonio arquitectónico de Cartagena, propiedad de foráneos

Miguel Ángel Caballero es un habitante del barrio Getsemaní, en Cartagena. Manifiesta que desde que nació, todo lo que reconoce como su hogar son murallas, callejuelas, aguas marinas y casas altas de la ciudad amurallada. Nació allí, en ese barrio, y luego se trasladó al barrio San Diego, de donde era oriunda su madre. “Regresamos a Getsemaní cuando todavía se podía comprar vivienda con precios accesibles. Hoy Getsemaní ya no es de getsemanisenses. La gente que ha podido adquirir vivienda en este barrio, es porque ha tenido que extranjerizarse y traer otras monedas porque a precios de aquí es muy difícil. Mantener una casa aquí es muy difícil, por eso el barrio ahora es prácticamente de extranjeros, lo mismo pasa con San Diego, La Matuna y El Centro”. 

Getsemaní surgió como barrio entre los años 1564 y 1600, en un momento trascendental para la ciudad por ser epicentro del tráfico y el comercio de esclavos. Se encuentra ubicado en la zona norte de Cartagena, en lo que hoy administrativamente se denomina la localidad histórica y del Caribe Norte. A lo largo de su historia, ha sido un barrio emblemático de la ciudad, cuna de la gesta independentista en 1811 y escenario con una historia de contrastes. De lo popular de la colonia y barrio inseguro de la ciudad dos décadas atrás, en la actualidad se configura como un destino turístico donde confluyen variedad de culturas atraídas por el fervor que despierta su patrimonio arquitectónico y cultural.

Por su parte, San Diego y La Matuna, eran el lugar de residencia de las familias más adineradas de la ciudad durante la época de la Colonia y albergaban algunas construcciones importantes de carácter histórico.
Actualmente, gran parte de las edificaciones de la ciudad amurallada se encuentra restaurada o modificada. Según el arquitecto restaurador Alberto Samudio, “los cambios tanto en el centro como Getsemaní y San Diego han presentado un crecimiento vertiginoso, si se compara con el que se venía dando desde los años sesenta, cuando se iniciaron las primeras restauraciones. En aquellos años las intervenciones se enfocaron en edificaciones del periodo colonial y republicano, incluyendo los hoteles Santa Teresa y Santa Clara que eran conventos con el mismo nombre".

Leyes de intervención en propiedad

Es importante aclarar que, como todas las zonas declaradas patrimonio por la Unesco, el centro histórico de Cartagena tiene una reglamentación diferente al resto de la ciudad. El Plan de ordenamiento territorial tiene un capítulo específico para las restauraciones en el sector amurallado. Sin embargo, este carece de Plan especial de manejo y protección (PEMP), por lo cual la legislación que regula estas restauraciones está contenida en el título 8 del plan de ordenamiento territorial.
Estas regulaciones para la restauración representan un dispendioso y costoso proceso para llevar a cabo las modificaciones a una propiedad. Por lo cual, las dos últimas décadas han representado el exilio de decenas de cartageneros, que abandonaron sus barrios, para dar paso a la zona que en su mayoría hoy es de comercios.  

“A la gente común que vive en el centro de la ciudad, le queda muy difícil hacer una restauración, así sea mínima, a su casa. Es un proceso muy tortuoso, primero llegan las negaciones, tenemos toda la institucionalidad en contra. En cambio, pareciera que a los comerciantes le facilitan el proceso. Si uno pasa por la Calle de la Moneda, es como si pasara por un acuario, porque las estructuras originales de las casas fueron reemplazadas por frentes de vidrio para que los centros comerciales puedan hacer sus exhibiciones. No respetaron los parámetros mínimos para los interiores de las viviendas. Los pocos propietarios que han adquirido casas para su habitabilidad, son personas de muchos recursos, mantienen y restauran sus casas, sin embargo, le han agregado jacuzzis, altillos, sótanos… cualquiera de nosotros que intente hacer alguna obra, inmediatamente tiene la presencia del IPCC, para que generalmente, se terminen negando a esas obras mínimas”, manifiesta con desesperanza Miguel Ángel Caballero, quien hace parte del pequeño número de habitantes del barrio Getsemaní, que se resiste a abandonar su barrio. 

Precisamente, el arquitecto Alberto Samudio advierte que “desde hace unos años, el proceso se ha enfocado no en restaurar si no en acondicionar casas para convertirlas en hoteles boutiques, y hostales para mochileros, esto ha proliferado sobre todo en Getsemaní, lo cual ha alterado la estructura del barrio, en algunas casas están agregando pisos adicionales, incluso en la fachada, dándoles un aspecto que no es propio al de la arquitectura cartagenera. Muchas veces uno ingresa a un lugar y parece que estuviera en cualquier otro lugar menos en esta ciudad. Eso no es bueno para la conservación de nuestra arquitectura”.

La gentrificación

Ante el exilio de habitantes cartageneros que comenzó en los años ochenta desde el centro y San Diego hacia otras localidades de la ciudad, Miguel Ángel, expresa que “en algún momento solicitamos desde las comunidades de los barrios del centro que se creara una línea de asesoría, para que las personas residentes que no poseen las condiciones, más allá de su propiedad, no se vieran en la necesidad de tener que salir del barrio, pero eso nunca se ha dado. Lo máximo es una exoneración para los propietarios, en lo que se refiere a cambios de pinturas y cosas mínimas que se pudieran mejorar, pero a estos beneficios comenzaron a acceder personas a través de su influencia, que son propietarios de segundas viviendas. Nosotros lo que planteábamos era la habitabilidad: cómo detenemos que el sector comercial se lleve por delante a los habitantes". 

Sobre el mismo tema, se refiere el arquitecto Alberto Samudio, indicando que “para las familias locales, realizar remodelaciones en las casas, es muy difícil, porque cualquier intervención que se vaya a hacer en un inmueble antiguo representa unos costos considerables. Los procedimientos a los que se debe someter un inmueble son bastante complejos. Primero hay que hacer un levantamiento planimétrico, hay que hacer una investigación histórica documentada, un recorrido fotográfico, el estudio de suelos, los planos de calificación, el proyecto arquitectónico de intervención con plan estructural, un proyecto técnico, escritura de propiedad, certificados del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC y, en muchas ocasiones, estos proyectos los devuelven con las objeciones a las que hay que atender y volver a hacer todo el proceso que puede durar hasta un año. Después de cumplir esto, viene la obtención de la licencia de construcción en una de las curadurías de la ciudad (donde también puede tener objeciones). Hay que pagar los honorarios de curador e impuestos distritales que no son baratos”.

Cartagena de Indias, históricamente ha generado una dinámica de contundentes prácticas de exclusión y, más recientemente, por acelerados procesos de urbanización y corporativización del territorio, lo que viene alterando la vida cotidiana de sus pobladores. En estos sectores se ha generado lo denominado como gentrificación, que se refiere al proceso mediante el cual cierta zona urbana de bajo valor inmobiliario cambia debido a la renovación que mejora el sector atrayendo nuevos negocios y residentes con mayores ingresos, que a menudo van reduciendo a los habitantes tradicionales.

Las cifras del último censo nacional de población lo confirman. En el Centro Histórico, conformado por los barrios del Centro, La Matuna, Getsemaní y San Diego, se redujo el número de viviendas censadas y de residentes. En 2005 fueron censadas 2.623 viviendas y 12.789 residentes, mientras que, para 2018, las viviendas censadas bajaron a 1.394 y los residentes a 2.304. Los cambios en el número de vivienda censadas por barrios en el Centro Histórico entre 2005 y 2018 fueron: de 810 a 627 viviendas en el Centro, de 166 a 19 en La Matuna, de 648 a 373 en San Diego y de 999 a 375 en Getsemaní.

“Getsemaní en este momento solo tiene un 15% de residentes, donde antes era el 80 o el 90%. Esa gentrificación sucede, inclusive, en calles que no están habilitadas para negocios. Porque se reemplazan zonas habitacionales por negocios de cualquier clase. Se ven negocios de alto impacto que no son compatibles con las zonas residenciales. Las voluntades se compran, porque allí, quienes permiten eso, son el IPCC y las inspecciones de policía. Adicionalmente, el turismo sin controles desfavorece la habitabilidad, porque eso genera prostitución, expendio de drogas y mendicidad alrededor del barrio. Entonces los que quedamos en el centro sabemos que tenemos que convivir con las incomodidades, a causa de la explotación no regulada de estos predios”, comenta Miguel Ángel, agregando que “lo que queremos es que en las zonas residenciales se respeten los usos residenciales, porque solo en Getsemaní hay 168 hoteles. Muchos de estos hoteles están en calles residenciales. Cuando tienes el hotel al lado, toca aguantarse las fiestas nocturnas los 365 días del año”.  

En medio de todo esto quedan los habitantes, quienes, a pesar de las incomodidades manifestadas y la capacidad de resistencia, terminan optando por vender sus propiedades, donde los intereses del mercado y la funcionalidad estructural de los espacios, supera el patrimonio inmaterial representado por el tejido urbano formado por los habitantes, por sus sentimientos y realizaciones, lo que designa su esencial diferencia con la ciudad. Esta diferencia aún no se hace evidente puesto que hoy más que nunca, el valor y el interés por el sector radica en su patrimonio arquitectónico y en la valorización del suelo sobre su cultura viva intangible. “Lo interesante de ello es que, a pesar de estos desplazamientos y presiones sobre su dinámica urbana, muchos de sus habitantes conservan y expresan no solo sus manifestaciones de tipo social, lúdico, espacial, coreográfico y retórico, sino también un sentido de vitalidad y de identidad que pervive entre el espacio, el tiempo, la cultura y la sociedad”, describían Rosa Díaz y Raúl Paniagua en el libro Getsemaní, historia, patrimonio y bienestar social en Cartagena (1993). 

“Nos hemos agarrado del bolillo de la ventana para que no nos saquen. Hay que entender que el patrimonio no lo conforma solo la arquitectura, sino los habitantes que han creado la cultura alrededor de ella. Los espacios públicos han sido tomados por turistas y nosotros hemos sido desplazados. Si fuera que ese dinero recibido por el turismo se reinvirtiera quizás en la capacitación de los habitantes, en el bilingüismo tan necesario en esta ciudad, o en cualquier clase de educación, pero ni a la ciudad ni a los ciudadanos les queda nada” puntualiza Miguel Ángel.