Minería Ilegal: el parásito silencioso que devora a Colombia

La Amazonía está siendo arrasada, entre otras cosas, por el oro. Lo mismo sucede con el río Sambingo, ubicado en el departamento del Cauca que ha perdido el agua por la actividad minera ilegal. También ha afectado el Municipio de Dabeiba en Antioquia y el río Atrato en el Chocó, hoy impactado por el mercurio. Los Farallones de Cali están siendo explotados por socavones, destruyendo a su paso la tierra, la flora y la fauna. La lista, que continúa extendiéndose, evidencia de manera aterradora, grandes heridas que están enfermando el segundo país más biodiverso del planeta.

La minería y explotación ilegal de recursos, en este caso del oro y otros materiales, está presente en cuatro de las seis regiones del país, siendo el Pacífico y la Amazonía las más perjudicadas en número de hectáreas afectadas, según lo indica el estudio Hacia una minería de oro transparente en Colombia, realizada por el tanque de pensamiento Global Financial Integrity (GFI), en conjunto con la Alianza por la Minería Responsable (AMR) y el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo).

Conociendo el término

Según el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), la minería ilegal es aquella que no dispone del correspondiente título minero vigente o de la autorización del titular de la propiedad en la que se realiza y que, además, no cumple con al menos uno de los requisitos exigidos por la ley: la licencia ambiental, las normas laborales y ambientales de seguridad o de salubridad industrial. Tampoco tiene la capacidad técnica necesaria o el pago de regalías o de las contraprestaciones económicas exigidas para el aprovechamiento de los recursos naturales.

El actual Código de Minas (Ley 685 de 2001) lo define en su artículo 159, haciendo alusión a aquella actividad exploratoria o de extracción de minerales, bien sean de propiedad de la nación o de particulares, que se desarrolla sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de la propiedad privada donde se ubique el proyecto. 

Por su parte, el código penal indica que en el artículo 338 del estatuto se determina que la minería ilegal será delito y por tanto contraria a derecho y merecedora de un juicio de reproche, la conducta de aquel, que sin permiso de autoridad competente o incumpliendo la normatividad existente, explote, explore o extraiga yacimiento minero y cuyas consecuencias se reviertan en una afectación grave del entorno ambiental, donde esa actividad se desarrolle.

Efectos y conflictos

“Esta minería se hace en una escala antitécnica que no conviene al territorio, sobre todo en unos lugares de una fragilidad ambiental muy alta, pues encontramos que la minería se convierte en la cuna de muchos conflictos socio ecológicos que incluso tiene vínculos del narcotráfico y con mafias que están despojando de la tierra a comunidades indígenas y afrodescendientes y el patrimonio ambiental colombiano”, menciona Miguel Ángel Julio, coordinador movimiento social Buen Vivir. 

Estos conflictos conllevan a una serie de impactos sociales, económicos y medioambientales orquestados también por ciertas organizaciones que encuentran en este acto delictivo, un sustento ilegal multimillonario que se ha llevado vidas, espacios de biodiversidad y los mismos pedazos de tierra.

“Al realizarse de una forma antitécnica la relación costo beneficio es mucho más alta y los márgenes de rentabilidad, de quienes se dedican a esta explotación ilegal son enormes. En ese sentido, se cierra un ciclo perverso de un conflicto socio ecológico muy delicado para la estabilidad ambiental, social y cultural de Colombia, que hace que, la minería ilegal, sea la punta de lanza para el deterioro de grandes ecosistemas como el chocó o la selva del Amazonas”, afirma Miguel Ángel. 

Esta actividad criminal se hace atractiva para organizaciones delictivas pues no pagan aportes tributarios, no realizan esquemas de operaciones técnicas, como tampoco realizan planes de manejos ambientales y por supuesto, no reciben ninguna de las licencias requeridas entre otros. 

Las organizaciones, entonces, seleccionan espacios y áreas de protección medio ambiental como unos de sus puntos de acción más comunes, como sucede en el suroccidente colombiano.

El caso de los Farallones de Cali

Uno de los tantos casos es el que sufre silenciosamente el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali, donde la minería ilegal ha dejado dolorosas huellas en la cordillera occidental mediante socavones, daños en ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

En días despejados, se observa desde Cali los majestuosos picos azules de los Farallones, que se levantan sobre la llanura, separando las cuencas del Pacífico y del río Cauca en la imponente Cordillera Occidental. Los Farallones son las formaciones rocosas más jóvenes de la Cordillera Occidental de los Andes. 

Este precisamente es el área protegida más grande que tiene Valle del Cauca conservando más de 540 especies de aves y observa nacer más de 30 ríos que abastecen el suroccidente colombiano. Y como si fuera poco, es un reservorio de diversidad de especies únicas y en peligro de extinción en Colombia y en el mundo. 

Sin embargo, existen varias células de explotación en los farallones en los que centenares de mineros ilegales junto a diferentes maquinarias están consumiendo parte del corazón de la cordillera en busca de oro y sobre todo, sustento económico.
Mientras la problemática se expande como una mutación celular, los habitantes de Santiago de Cali continúan su día a día sin ser conscientes de que este parque Nacional Natural que bordea su ciudad está siendo carcomido por una actividad ilegal que poco a poco está acabando con el ecosistema.

“Hay un estimado de unas 670 hectáreas. Estamos corroborando pues esta afectación se encuentra en la zona alta del parque sobre los tres mil doscientos metros a los tres mil quinientos metros de altura. Creemos que en hectáreas no ha aumentado porque esta minería que se realiza es por socavón, ahondando cada vez más. Pero, la afectación termina siendo fuerte por el uso de mercurio”, indica Robinson Galindo, director territorial pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Galindo también puntualiza que, “para extraer el oro, dependiendo de la situación, la gente saca la roca o entran al socavón, sacan la roca, la muelen y con el mercurio empiezan a extraer el oro. Y eso para este tipo de socavones obviamente se necesita agua, oxígeno y requieren otra serie de elementos como plantas eléctricas. También se requiere en muchas ocasiones talar cierto tipo de árboles para ir reforzando el socavón por dentro y esto hace también que se vaya colocando cada vez más en riesgo la estabilidad del terreno”.

Sobre todo, a la delicada estabilidad de los terrenos, se le suma el cuidado a la biodiversidad que continúa maravillando pues, diferentes equipos de investigación de Parques Nacionales y de varias Universidades han encontrado especies nuevas para la ciencia, sobre todo de flora, como es el caso de tipos de orquídeas.

Articulación gubernamental y acciones a desarrollar

Paralelamente entidades como Parques Nacionales Naturales, El Batallón de Alta Montaña número III, la Alcaldía municipal y la Gobernación del Valle del Cauca, entre otros, se han articulado mediante diferentes acciones y estrategias que buscan mitigar las actividades ilegales y aumentar la conciencia y educación en las comunidades. 

Entre las estrategias e iniciativas se resalta el acuerdo de gobernanza para controlar la minería ilegal. En 2019 se generó una alianza donde participó la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), la Alcaldía de Cali a través del Dagma, el Ejército Nacional y la Policía. Lo anterior permitió establecer puestos de control por las rutas que tienen identificadas para continuar cuidando los terrenos destruidos, establecer hojas de revisión del territorio y continuar la generación de diálogos con las diferentes comunidades cercanas.

Reflexiones de leyes ambiguas

Los daños al ecosistema medioambiental de los territorios, aunque parece que pasara desapercibido en Colombia, tiene establecida dentro de la misma constitución legislaciones ambiguas. Sobre todo, porque las áreas protegidas y muchos de los territorios se les considera como víctimas en estos casos.

Desde el código penal se encuentran las actividades consideradas delitos en materia ambiental, entre ellas está la explotación ilícita de yacimientos mineros, invasión de áreas protegidas, entre otros, que son aplicables en el Parque Nacional Farallones. Ahora bien, muchos de estos delitos son difíciles de comprobar, pues para efectuar un proceso de judicialización se debe encontrar a la persona ejecutando la actividad en la zona, asunto que es en muchas ocasiones es imposible. 

Desde el aspecto penal existen procesos policiales contenidos en la ley 1801 del 2016 conocido como el código de policía. En esta norma "se establecen medidas correctivas, ejecución de programas pedagógicos y comunitarios hasta los casos críticos en los que se deben imponer multas económicas", indica Pablo José Galvis Muñoz, abogado especializado en derecho del medio ambiente.

Según algunas reflexiones del informe preventivo de la Procuraduría General de la Nación, la minería que no se somete al control del Estado y a los parámetros normativos que este traza para tal fin, se convierte en un factor desestabilizante para el país. De igual manera puntualiza que, existe una estructura normativa minera ambigua, contradictoria y confusa que da lugar a un alto grado de inseguridad jurídica para los receptores de la norma pues, los parámetros legales expedidos para regular y legalizar la minería, no son objeto de estudios previos que involucren contenidos tan importantes como el poblacional, el social, el ambiental, el territorial y el económico, lo que permitiría una visión integral de esta problemática y por ende una alternativa de solución en derecho. 

Por otro lado, también se expresa que hay una carencia de información procesada, valorada y cualificada sobre explotaciones mineras ilegales, imposibilitando ampliar la cobertura del control tanto minero como ambiental de esas actividades. Entre otros, también menciona la permisividad del Estado que, según el informe, ha contribuido a que la ilegalidad del sector minero se vigorice, en la medida en que existan regímenes transitorios sucesivos que se perpetúen en el tiempo y que amparen la actividad. 

Daños, sustentos económicos y problemáticas sociales

La minería ilegal genera pasivos ambientales que están relacionados con la reproducción de la pobreza en los territorios. Esto hace que las personas que se dedican a esta labor, sean víctimas más de las prácticas ilegales. "Debemos separar la empresa, el grupo armado, de la persona que se desempeña como operario, que sufre los rigores de la pobreza extrema y no encuentra otra oferta laboral y forma de sobrevivir en las difíciles condiciones de esa Colombia profunda en la que el Estado llega con la represión de la fuerza pública”, afirma Miguel Ángel Julio.

Los habitantes en Colombia pueden sentir esta amenaza como invisible pues están enmarcadas en muchas ocasiones, en lo más profundo de las montañas, sin embargo, se debe reconocer el daño a la destrucción ambiental, económica y social que a largo plazo este tipo de células destructoras nos evidencia. Las afectaciones ambientales son diferentes por el daño ecológico, pérdida de diversidad, daños en acuíferos entre otros que son consecuencias de la minería. 

También se encuentran conflictos e impactos negativos en material social cuando se afectan las dinámicas poblacionales en los territorios donde se desarrolla la práctica, pues comunidades indígenas o afrodescendientes en varias ocasiones han sido desplazadas.

Todos estos conflictos se viven diariamente en diferentes zonas del país, actuando de manera silenciosa, consumiendo poco a poco la riqueza y biodiversidad invaluable. Por estos motivos, es necesario generar diferentes acciones articuladas entre las instituciones para mitigar el daño ambiental, social y económico.

Por esta razón, se hace necesario diseñar una política minera, clara y estructurada, que involucre de forma integral, los aspectos ambientales, sociales, económicos, laborales y de salud pública y ocupacional que esta conlleva, sobre todo en lo que respecta a protección de comunidades y grupos sociales vulnerables.

Es urgente generar nuevas estructuras sostenibles de extracción de recursos, mayor presencia del Estado en las zonas afectadas, conciencia en la población y sobre todo, claridad en las estructuras normativas. De lo contrario, en pocos años, el parásito de la minería ilegal asesinará los ecosistemas de manera permanente y la salud de los colombianos. 

En Chévere Pensar en Voz Alta hablamos con diferentes expertos para ahondar más en esta problemática, haciendo una lectura general de este panorama desolador en Colombia que podrán ver a continuación: