En promedio las personas pasamos unas nueve horas diarias en nuestros trabajos. Eso significa que la mayor parte de nuestra vida está relacionada con el lugar al que todos los días vamos a ganarnos el pan. Por eso es vital que las condiciones laborales sean óptimas, y eso no solo significa tener espacios lindos, modernos, con buenos equipos y pizza de vez en cuando. Lo que realmente se necesita es tener condiciones dignas para ejercer nuestra labor y la garantía de que nuestros derechos serán respetados para que podamos desarrollar nuestras habilidades en espacios seguros, donde precisamente se nos trate como personas y no como cifras. 

Es un derecho constitucional contar con un buen ambiente laboral pero bien sabemos que en la realidad esto no se cumple ya que la precarización es un asunto diario en Colombia. Pero de todas las vulneraciones de derechos laborales que se registran en el país, hay una que especialmente delicada porque durante décadas se ha normalizado y afecta principalmente a las mujeres: el acoso sexual. 

Las mujeres están en una enorme desventaja en el mundo laboral. Por ejemplo, según cifras del DANE el desempleo en mujeres es del 12,7% mientras que el de los hombres es del 8%; además, según la Federación Colombiana de Gestión Humana, las mujeres ganan un 36% menos que los hombres. Sumado a esto, miles de mujeres tienen que soportar el acoso y hostigamiento de sus compañeros. 

Comentarios, miradas, insultos disfrazados de chistes son una constante en los lugares de trabajo, pero además hay abusos, acoso y violencia sexual. Esto ha sido “normal” durante años y una de las razones es el miedo que las víctimas tienen de denunciar, porque esto puede significar perder su fuente de sustento, además de meterse en una cruzada jurídica, larga costosa y muy desgastante. 

Pero desde hace varios años se ha ido avanzando para crear protocolos, rutas y leyes que garanticen el respeto de los derechos de las y los trabajadores. Uno de estos es la ley 1010 de 2006 la cual tiene por objeto: “definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública”.

Pero es importante mirar con lupa este texto, la abogada laborista y feminista María Isabel Lopera explica que esta ley, “se expide en el 2006, es decir en un contexto donde los organismos internacionales están exigiendo al estado colombiano que tenga una respuesta clara y contundente frente a la muerte de líderes sociales, principalmente de organizaciones sindicales”.

Lopera, que también es la coordinadora del semillero de estudios de género de la Universidad de Antioquia y parte de la colectiva Justicia Mujeres, afirma que cuando esta ley se redactó no se le consultó a las organizaciones sindicales ni a la población trabajadora, lo cual dejó vacíos como que la responsabilidad de investigar y sancionar quede en el comité de convivencia de la empresa. 

Esto es problemático porque muy pocas empresas se han preocupado por formarse en temas de género y los comités suelen ser muy poco efectivos en su labor. Por eso, Lopera enfatiza en que es importante tener claro que cuando se habla de acoso en el mundo del trabajo el problema no radica en el sexo sino en las jerarquías, “es decir, donde nos ponen las construcciones culturales a las mujeres y a los hombres, pero ademas a las personas con diversidad sexual, que son las bases de la discrimianción”. 

Nuestra sociedad está construída sobre una base patriarcal y guerrerista generada a partir de siglos de violencia. Esto ha edificado y perpetuado una visión del mundo en donde las mujeres tienen el rol de cuidar y los hombres el de proveer. Por eso se dice que las mujeres pertenecen a lo privado (el hogar) y los hombres a lo público (el trabajo). Cuando esto se une a las dinámicas de poder de una empresa, se tiende a creer que las mujeres son incapaces de hacer bien su trabajo, que no están preparadas, que solo pueden ejercer ciertos cargos, en su mayoría administrativos y mecánicos, y además hay que sumarle que muchas veces, los superiores ven a sus subordinados como personas con menor valor que deben someterse y obedecer. 

Por eso muchas veces las situaciones de acoso suceden frente a nuestras narices y en varios de los casos no somos capaces ni de notarlas. Para enfrentar esto desde lo jurídico, en el 2008 se pasó la ley 1257 que “tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”. Además define la violencia y la discriminacion contra la mujer. 

La importancia de esto radica en que muchas veces no se reflexiona sobre el daño tan profundo que causa una situación de acoso laboral, por más que esta haya sucedido una sola vez. “Generalmente las conductas de acoso, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y se lleva a cabo esa conducta en los ámbitos del poder, es decir de un jefe o un compañero que tenga jerarquía en el lugar del trabajo y la ejerce entendido que la mujer trabajadora debe subyugar o debe someterse a esas condiciones de discriminacion”, explica María Isabel.
 
La abogada complementa diciendo que: “el acoso laboral tiene muchas consecuencias, ocasiona secuelas, afecta la vida física, la vida emocional, la vida sexual de las personas. Por eso la ley 1257, advierte que las entidades del sistema de seguridad social deben tener un tratamiento diferencial para las víctimas de acoso sexual y le impone a las administradoras de riesgos laborales la obligacion de hacerle seguimiento a la ruta de atención a las violencias basadas en genero”. 

Uno de los problemas que tenía la ley 1010 de 2006 es que establecía un fuero de tan solo 6 meses. Eso significa que durante ese tiempo la persona que puso la denuncia no podía ser despedida. Pero ese tiempo era muy corto, Lopera explica que el Gobierno de Iván Duque hizo un avance cuando expidió la ley 2209 de 2022 que extendió este periodo a tres años. 

Sentencia T-140 de 2021 y el Convenio 190 de la OIT

Si bien existen unos mecanismos que garantizan los derechos humanos de las y los trabajadores y hay unas rutas de prevención y sanción, todavía hay mucho trecho, pero lo importante es que en los últimos años se han hecho avances muy importantes, uno vino de mano de la Corte Constitucional y es la Sentencia T-140 de 2021 que se falló a favor de Vanesa Restrepo, quien demandó al periódico El Colombiano luego de ser abusada sexualmente por Juan Esteban Vásquez, quien era su editor. 

La periodista demandó al diario porque puso en conocimiento la situación de la que fue víctima y la empresa no hizo nada al respecto. Lopera explica que esta sentencia es muy importante ya que “da luces a los empleadores privados para que establezcan, para que emitan, para que construyan de manera conjunta los protocolos de atención a las violencias basadas en género”. 

Pero también hace énfasis en que la responsabilidad no debe caer solo en la víctima sino que es obligación de las empresas brindar a las víctimas el apoyo psicológico y jurídico necesarios para dar con los responsables y generar sanciones efectivas. Además debe asegurarse de reparar a las víctimas, bien sea de manera económica, con atención psicológica o con medidas pedagógicas que aseguren la no repetición 

Vale la pena recalcar que si el comité de convivencia no es eficiente al momento de hacer su trabajo o la empresa no se ocupa por atender las denuncias, estas se pueden llevar al Ministerio de Trabajo y a entidades como la Procuraduría y la Fiscalía. 

La T-140 está sentando una hoja de ruta importante para la prevención de acoso sexual en los lugares de trabajo, pero todavía falta personal en las entidaes públicas y privadas para atender los casos, además de formación en género y celeridad en los procesos. Por eso varias voces están presionando al actual gobierno de Gustavo Petro para que firme el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Este se adoptó por la OIT en 2019 y entró en vigor el 25 de julio de 2021 y según comentá Lopera: “es importante aplicar ese convenio, porque reconoce, como no lo hace la 1010, expresamente que las violencias basadas en género en el mundo del trabajo, y especificamente el acoso sexual, son una violación fragante a los derechos humanos de las mujeres y constituye una amenaza para la igualdad de oportunidades en el trabajo”. 

De hecho el C190 es tan importante que la T-140 se redactó siguiendo lineamientos planteados por este texto. Actualmente el Ministerio de Trabajo está aplicando un plan piloto de inspecciones con enfoque de género de los ambientes laborales y acciones como la creación del Ministerio de la Igualdad generan una esperanza para hacer avances en este tema. 

Incluso hay iniciativas como la Guía Básica para Crear un Protocolo Contra el Acoso Sexual en Espacios Laborales de Dejusticia, que es muy últil al momento de entender conceptos y da ideas y luces de qué hacer frente a estas denuncias. 

Pero la clave para realmente lograr un cambio es que las empresas empiecen a actuar motivadas por la voluntad de crear espacios seguros y no por el miedo al punitivismo. De hecho, María Isabel recalca que desde el punto de vista puramente pragmático tener lugares libres de acoso es muy rentable, porque las personas al estar seguras trabajan con más calma y menos estrés. 

Pero el camino todavía es largo, este es un compromiso que debe unir a toda la sociedad y tiene que hacer que nos cuestionemos y que realmente deconstruyamos la cultura machista, guerrerista y abusiva que se nos ha inculcado durante décadas, para realmente dar con el punto de origen y hacer un cambio sustancial. 

Hacer pedagogía respecto a los derechos constitucionales de las personas es vital para la mejora de las condiciones laborales en el país, pero así como los trabajadores deben formarse, reflexionar y exigir sus derechos, los empleadores deben hacer lo mismo y asegurar las condiciones dignas, porque erradicar el abuso de nuestra sociedad es una tarea que se hace de forma colectiva.