Aborto en Colombia: ¿qué significa la última decisión de la Corte?

El pasado 16 de septiembre el Movimiento Causa Justa, compuesto por más de 134 activistas y 91 organizaciones, presentó una demanda para eliminar el delito de aborto del Código Penal. Casi un mes después, el 19 de octubre, la Corte Constitucional admitió la demanda, la aceptó y tendrá que ser revisada para luego presentar una ponencia ante la Sala Plena del alto tribunal. 

“La decisión, que se dio por cinco votos frente a tres, tiene varias implicaciones. Legales, en primer lugar. Desde ahora, una mujer puede dirigirse a una clínica a practicarse el procedimiento si un médico (o el denuncio, si se trata de una violación) certifica uno de los casos contemplados, y ya no podrán los jueces castigarla”, así informaba El Tiempo el 12 de mayo de 2006, en su editorial titulada “Al Fin, despenalizado”, la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en tres casos.

Con un tono de júbilo varios medios de comunicación informaron la decisión, que se leía como un paso agigantado de Colombia para avanzar. Muchas mujeres celebraron, otras no, muchos se regodearon por el solo hecho de sentirse parte del ramillete de países que han avanzando en esas instancias y, otros prometieron devolver a Colombia al túnel moral del que, para ellos, nunca debió salir. 

Pero definitivamente se trataba de un hito, una conquista que se venía buscando hace más de treinta años, pero que fue alcanzada por la abogada Mónica Roa, quien puso la demanda que logró la despenalización del aborto en tres casos: cuando el embarazo es peligroso para la salud y la vida de la mujer, cuando es producto de una violación y cuando la vida del feto es inviable. 

Han pasado catorce años. Y si bien fue un paso crucial para muchas mujeres, para otras -en especial las que viven en condiciones vulnerables- no representó un cambio significativo. Por miedo a ser estigmatizadas o criminalizadas, por desinformación, por culpa, por el escarnio público -y no solo para las mujeres, sino para los profesionales de la salud que prestaran este servicio- entre otros factores, este derecho ha tropezado incontables veces, significando la muerte de cientos de mujeres. 

Según la Organización Mesa por la Vida, en los últimos 20 años, el 30 % de las mujeres que fueron denunciadas por el delito de abortar fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lecciones personales. La mayoría de ellas, es decir, el 97 %, viven en zonas rurales. Un dato que revela que no se ha dado el cumplimiento de la tercera causal.

En un artículo de El Tiempo titulado “Los rostros detrás de la judialización del aborto” se expone que desde 1998 hasta 2019, según cifras de la propia Fiscalía General, el ente acusador recibió 5.833 denuncias por delitos de aborto en el país y, en el citado artículo, se presentan los casos de mujeres que a pesar de haber estado dentro de las tres causales despenalizadas, fueron judicializadas. 

Hablamos con Ángela Mateus, coordinadora de la organización Mesa por la vida -parte del Movimiento Causa Justa- para entender la demanda, el impacto de la decisión y lo que sigue de ahora en adelante. 

A pesar de que hace catorce años en Colombia se despenalizó el aborto en tres causas determinadas, se sigue estigmatizando e incluso judicializando a mujeres. ¿Cuál es la retrospectiva de estos catorce años?

La existencia del delito de aborto sigue siendo una barrera estructural que limita el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a su derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las tres circunstancias que fueron reconocidas desde la Sentencia C-355 del 2006. Esto implica que se pone a las mujeres en riesgo de aborto sin seguros, genera desinformación, miedo, estigmas y enfrenta a las mujeres al riesgo de ser criminalizadas o de ir a la cárcel y esto afecta a las mujeres con condiciones socioeconómicas más vulnerables, en contextos rurales y a las más jóvenes.

En estos catorce años cuáles han sido los procesos que se han dado para lograr la despenalización total el aborto.

Yo creo que uno de los grandes aportes que hemos hecho desde la Mesa por la Vida ha sido la identificación de barreras de acceso que han enfrentado las mujeres. En estos catorce años, la mesa ha podido ser un servicio de atención a casos de mujeres que necesitan información o que han enfrentado barreras de acceso a la IVE.

Aquí tenemos tres grupos grandes barreras que hemos podido identificar: uno de ellos es la interpretación restrictiva de las causales, entonces muchas mujeres no pueden acceder a este servicio de salud. Otro es la interpretación restrictiva de la causal  salud,  es decir que implica también el reconocimiento de la salud integral de las mujeres, que es un estado de bienestar físico, social y mental y muchas veces a las mujeres se les niega el servicio de salud por este tema. Por ejemplo, les piden requisitos adicionales a los que están reconocidos por la Corte Constitucional, hay uso inconstitucional de la objeción de conciencia o se pide la autorización de terceros o de médicos que estén dentro de la misma entidad prestadora de servicios de salud. 

Otro grupo de barreras son las fallas en la prestación de los servicios de salud: se niegan las certificaciones o autorizaciones, hay casos de violencia y malos tratos con las mujeres, dificultad en los trámites, no hay protocolos internos para atender a las mujeres o el personal de salud no cuenta con entrenamiento para atender los casos. En este contexto, hemos podido ver que las mujeres suelen enfrentarse a estas barreras y que también estas barreras tienen comportamientos específicos, por ejemplo, con las mujeres migrantes venezolanas. En un estudio que lanzamos el año pasado, vimos que además de enfrentar las mismas barreras de las mujeres colombianas para acceder a este servicio, se encuentran con las barreras de discriminación en los servicios de salud por su nacionalidad. 

Hay otros temas particulares como la falta intimidad de las mujeres para poder hacer averiguaciones sobre cómo acceder al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la virtualidad hizo que se aumentaran las barreras. Esto afecta mayoritariamente a las mujeres que no se encuentran en las ciudades capitales o que están en contextos de ruralidad, lo que demuestra una desigualdad muy grande en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre 2010 y 2017, el 97 % de las mujeres denunciadas por delito de aborto eran mujeres habitantes de zonas rurales, lo que muestra que hay un acceso desigual a este servicio de salud. 

Entre un 1 % y  9 % de los abortos en el país se realizan dentro del sistema del salud, lo cual sigue siendo muy bajo en relación al estimado de los casos de abortos que se hacen. Esto quiere decir que después de 14 años de implementación del modelo de causales todavía no se ha resuelto el acceso de las mujeres a este servicio de salud; consideramos, desde el movimiento Causa Justa, que llegó el momento de garantizar que las maternidades sean elegidas y se respeten las decisiones autónomas de las mujeres.

Por un lado se estigmatiza al personal médico que accede a brindar el servicio y por el otro, buena parte de las denuncias a mujeres que abortan, vienen por parte de los médicos. ¿Cuál es el foco que hace la demanda en este caso? 

Este tema de la criminalización o que exista el delito de aborto en el Código Penal, no solo es una barrera para las mujeres sino también para el personal de salud, esto también permitió que la demanda tuviera un argumento sobre la libertad de profesión y oficio.

Por un lado, es una obligación de los profesionales de salud prestar este servicio, pero por el estigma, miedo o desconocimiento, muchos médicos, médicas y personal de salud, tienen miedo de que su interpretación de las causales no esté contenida en lo que esté legalizado. Esto genera que muchos médicos no quieran prestar el servicio por miedo a ser criminalizados o que quienes lo prestan hayan sido vinculados a procesos judiciales.

Esto es una dificultad, en tanto los profesionales no pueden crecer libremente en su profesión y oficio, por eso nosotras brindamos argumentos y estudios que hablan de la importancia de garantizar el servicio especialmente en áreas rurales y en diferentes ciudades del país. Esto velará porque haya mejor información, porque los profesionales desde que estudian su carrera puedan acceder a entrenamiento y capacitación sobre cómo realizar estos procedimientos. A las mujeres les beneficiaría en las medida en que, sí están mejor informadas y sus médicos no tienen miedo de que su interpretación no quepa dentro de las causales, haya una prestación del servicio más amplia y con más seguridad, tanto como para el personal médico y para las mujeres.

¿Qué plantea la demanda presentada por Justa Causa?

La demanda busca que ninguna mujer y ningún prestador de salud sea judicializado o vaya a la cárcel por acceder a este servicio de salud; busca que todas las mujeres, en todas las circunstancias, puedan practicarse un aborto seguro y legal sin ser criminalizadas. Es importante decir que esto evitaría que hayan maternidades impuestas, también busca reconocer que el cuerpo de las mujeres no solo está ligado a la reproducción y la maternidad. Hay que trabajar en la eliminación del estigma, que no todas las mujeres quieren ser madres, que todas tienen proyectos de vida distintos, incluso mujeres que ya lo son no quieren volver a serlo. 

Esto implica un reconocimiento a la ciudadanía plena de la mujer: hasta que las mujeres no podamos tomar decisiones autónomas y libres sobre nuestros propios cuerpos, no vamos a ser reconocidas como ciudadanas plenas y a esto le apunta la demanda.

Hacemos mucho énfasis, desde el movimiento Causa Justa, en eliminar las inequidades entre las mujeres que pueden acceder a un procedimiento legal y seguro, que lo pueden pagar o están en una zona urbana y las mujeres que se encuentran en posiciones de vulnerabilidad y falta de información. Es momento de eliminar estas inequidades para acceder a este servicio de salud.

¿Qué significa que la Corte Constitucional admita para revisión la demanda que presentó el movimiento Causa Justa?

A nosotras nos da mucho gusto que la Corte Constitucional haya admitido la demanda porque esto significa que se van a estudiar las razones que nosotras estamos planteando para que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Esto quiere decir que durante estos catorce años la situación de las mujeres y en general la de el país se ha transformado.

Celebramos que la Corte haya admitido la demanda que presentamos el 16 de septiembre, pero sabemos que es un proceso largo que supone un estudio. 

Creemos que tenemos argumentos fuertes y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en general ha estado a favor de los derechos de las mujeres, esperamos que haya un avance en materia de derecho fundamental de las mujeres por la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Somos muy optimistas y creemos que la Corte va a estudiar a profundidad estos argumentos. 

¿Cuál es el proceso que se viene y cuánto tiempo puede tomar?

Viene un proceso en que la Corte analiza los argumentos que se dieron para decir por qué creemos que se debe eliminar el delito de aborto del Código Penal, con sustentos en cifras, con estudios y casos que hemos podido evidenciar. 

Después hay un proceso en donde se invita a otras personas a dar su concepto con respecto a los argumentos que se presentaron en la demanda y posteriormente vendrá el análisis de magistradas y magistrados. Es probable que haya una audiencia pública o no, pero se tomarán más o menos seis meses para que la Corte de un fallo al respecto de esta demanda. Tenemos un proceso largo donde también es importante que más personas se sumen al movimiento y que se vea que también hay muchas personas están a favor de la autonomía de las mujeres.

En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cómo será la continuidad de la lucha? 

Yo creo que es muy importante decirle a la audiencia que no va a haber ningún retroceso, el mínimo son las tres causales que ya están reconocidas. Seguiremos trabajando por la implementación de esas causales, porque se preste un servicio de calidad, oportuno e informado a las mujeres; seguiremos trabajando para que se garantice este derecho, para que no haya retrocesos y la información sea clara.

También seguiremos trabajando por lo que algunas organizaciones denominamos despenalización de las conciencias, que deje de haber este estigma frente a la IVE y que cada vez estemos más fuerte en hablar del aborto, que deje de haber ese estigma y esa sanción social y más bien haya un contexto de libertad, que la mujer que lo desee hacer pueda hacerlo en condiciones seguras, con profesionales capacitados. Esto permitirá que cada vez haya menor índice de mujeres en riesgo por las condiciones de ilegalidad.