México prohíbe las terapias de conversión LGBTQI+
El 4 de octubre de 2018 las senadoras Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, Alejandra Lagunes del Partido Verde Ecologista y Citlalli Hernández Mora, actual Secretaria General del Partido de Morena presentaron una iniciativa para que el gobierno de México prohibiera las mal llamadas terapias de conversión sexual. Cuatro años después finalmente el Senado anunció que se le ha dado luz verde a este proyecto legislativo.
Los cambios quedarán establecidos en el Código Penal Federal y en la Ley General de Salud, según informó el Senado a través de su cuenta de Twitter los cambios fueron aprobados con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones.
Esta ley busca terminar con las prácticas que se realizan sin fundamento científico y que atentan contra los derechos humanos de quienes son sometidos a ECOSIG “Esfuerzos para Corregir, suprimir o reprimir la Orientación Sexual o Identidad/expresión de Género”.
“Los ECOSIG buscan reprimir la sexualidad de los individuos mediante prácticas como golpes, “terapias” de conversión, privación ilegal de la libertad y violaciones “correctivas”, para curar algo que desde décadas dejó de considerarse una enfermedad. Sus principales víctimas son jóvenes LGBTI+, generando un daño irreparable a su salud mental a lo largo de su vida adulta y en el peor de los casos, orillándoles al suicidio” menciona un comunicado publicado por la organización Yaaj México que busca proteger y garantizar los Derechos Humanos de la población LGBTI en México.
#ÚLTIMOMOMENTO ? El @senadomexicano prohíbe las “terapias” de conversión en México este 11 de octubre de 2022, con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones. ESTO HA SUCEDIDO TRAS 4 AÑOS DE ESPERA Y MÁS DE 15 AÑOS DE LUCHA‼️?️⚧️?️? #NadaQueCurar ??
— Yaaj México® (@YaajMexico) October 11, 2022
?️ https://t.co/gqAXwW8DDQ pic.twitter.com/6maZUovIc1
Antes de que se aprobara este proyecto legislativo esto eran 12 estados, incluyendo la Ciudad de México, los que ya habían prohibido estas prácticas, pero la nueva ley “reafirma la necesidad de poner fin a prácticas sin fundamento científico que violan los derechos humanos de las personas sometidas a terapia de conversión” en todo el país.