Las acciones legales que se están llevando a cabo por la cancelación del Jamming
Un día antes de lo que iba a ser uno de los eventos más grandes del 2022, el Jamming Festival, anunció su cancelación. La noticia tomó por sorpresa a muchos y fue recibida con mucho desagrado y rabia por miles de personas que habían comprado boletas e incluso venían de otros países, otros que incurrieron en gastos millonarios para suplir a los casi 50.000 asistentes que esperaba tener el evento con comida y productos para su estadía que transcurrirá desde el 19 hasta el 21 de marzo en Ibagué.
Así, en un comunicado, los organizadores explicaron que el evento sería “aplazado” pues por lo menos 14 bandas y artistas habían cancelado. De acuerdo a El Espectador, la compañía ofreció a los asistentes devolverles el dinero o abonarlo para la boleta de otro de sus eventos, disponiendo el correo electrónico de juridico@jammingfestival.com.co.
Sin embargo, de acuerdo al mismo diario, la Superintendencia de Industria y Comercio empezó a adelantar a una investigación desde el pasado 18 de marzo contra su productor, la empresa Buena Vibra Eventos EU, por “no informar a los consumidores que las condiciones del evento, los artistas y el orden de las presentaciones había variado”.
El ente de control, agregó, le solicitó el 16 de marzo a los organizadores informar en su página web y redes sociales el listado de artistas confirmados, los horarios de presentación y locaciones, así como avisarles a los compradores de boletas las modificaciones del evento. Incumplir estas órdenes, puntualizó El Espectador, podría conllevar a una sanción de hasta 2.000 salarios mínimos.
Y el problema fue que estos no atendieron los requerimientos de información y cancelaron de forma unilateral el evento. En consecuencia, agregó dicho medio, “el ente de control abrió el pasado 18 de marzo una investigación administrativa (que se espera derive en la formulación del pliego de cargos), ordenó dejar de promocionar y publicitar la versión del Jamming 2023, que ya se ofertaba en redes sociales; y le pidió a la Fiscalía investigar lo concerniente al ámbito penal”.
Por su parte, los asistentes, proveedores y emprendedores afectados también se están organizando para demandar de forma colectiva. El abogado Felipe Parra y cuatro abogados más representarán de forma gratuita a este grupo de personas, para hacerles entender a los organizadores que “tienen que responder, y no solo basta con sacar comunicados ambiguos”, le dijo a El Espectador dicho profesional, diario que además evidenció que al menos 200 personas están interesadas en emprender dicha acción.
El abogado aclaró también que el escenario ideal sería llegar a un acuerdo directo con los organizadores, Buena Vibra Eventos EU, pero que debido al comportamiento y las respuestas oficiales emitidas entiende que “no existe un ánimo conciliatorio que permita un arreglo amigable”.